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Entre junio de 2008 y enero de 2009, la Agencia Tributaria desmanteló dos tramas de fraude de IVA en el sector de componentes electrónicos cuyas actuaciones sumaban una estafa cercana a los 300 millones de euros.

Las investigaciones culminaron con un registro realizado a principios de año, por orden judicial, en la sede de una importante empresa distribuidora de material electrónico radicada en Holanda. Se trata de una entidad que en la última década había facturado 1.200 millones de euros, en su mayor parte dirigidos a España a sociedades interpuestas, conocidas como “truchas”, que distribuían sin IVA la mercancía.

Así las cosas, el importe defraudado en nuestro país es de unos 140 millones de euros, mientras que en el resto de países europeos esta cantidad asciende a otros 160 millones de euros.

Durante las operaciones llevadas a cabo por las autoridades se embargaron más de 250 inmuebles y se bloquearon las cuentas corrientes utilizadas para diversas transferencias internacionales. De igual modo, durante el registro judicial se intervino abundante documentación que actualmente está siendo investigada por el servicio de la Policía Fiscal Holandesa (FIOD).

Tal y como informa Europa Press, previamente a esta intervención se realizaron las operaciones Azahar y Basile en la semana del 23 al 27 de junio del ejercicio pasado, que fueron la culminación de investigaciones desarrolladas a lo largo de año y medio por la Agencia Tributaria. En ellas, participaron efectivos del Área de Inspección Financiera y Tributaria junto con efectivos de Vigilancia Aduanera. La Agencia Tributaria analizó informaciones procedentes de diversas fuentes y, en particular, las derivadas del convenio de colaboración firmado por la Agencia Tributaria y el Comité Nacional de BSA.

Así, en la operación Azahar se desarticuló una trama que se lucraba con dos técnicas para evitar el pago del IVA conocidas como “fraude carrusel” y “fraude de abaratamiento”. La primera consistía en fingir adquisiciones intracomunitarias de bienes y software que, tras pasar por dos sociedades de la organización, volvían a salir de España solicitando en ese momento a Hacienda la devolución o compensación de las cuotas de IVA que nadie ingresó. La organización era controlada por un grupo familiar que siguiendo este procedimiento habría defraudado alrededor de 40 millones de euros en 2007 y 2008.

Por lo que respecta a la operación Basile, la organización detectada estaba controlada por una persona que permanecía oculta a las autoridades desde que fuera imputado en otras diligencias abiertas en Toledo por hechos similares a los actuales. La organización había desarrollado un complejo entramado de personas que actuaban como testaferros y en funciones auxiliares dependiendo del jefe de la organización. Disponían de sociedades en el extranjero, tanto para dar cauce a la defraudación y cerrar carruseles de IVA, como para blanquear el dinero obtenido.