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A partir del próximo 1 de Octubre todas las empresas españolas, sin excepción, estarán obligadas a facturar electrónicamente a unas Administraciones Públicas que, a día de hoy, no disponen, en muchos casos, de los sistemas adecuados para ofrecer el servicio.

Esta situación, que afecta de manera especial a la pequeña y mediana empresa, podría generar situaciones de indefensión de éstas ante la Administración y eliminar de raíz muchas de las ventajas –medioambientales y de eficiencia- que se pretenden conseguir con la universalización de la factura digital.

Estas conclusiones se ven agravadas al analizar el Plan Avanza para el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento: un conjunto de actuaciones que convierte la factura electrónica en una simple referencia programática y no en un puntal indispensable para la sostenibilidad empresarial. Pensemos sólo en dos factores clave: la e-factura supone ahorros de 2 euros por documento y es una vía incomparable y decisiva hacia la consecución de la “oficina sin papeles”.

Con todo, lo más preocupante es el escaso valor que las Administraciones, españolas y europeas, otorgan a la innovación como motor en el proceso de universalización de la factura digital y el aroma intervencionista que se desprende de alguno de sus planteamientos.

Una ocasión perdida

Recientemente, se ha celebrado en nuestro país la Conferencia sobre Facturación Electrónica en Europa, organizada por la Comisión Europea y la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, donde se propuso un Marco (European e-Invoicing Framework EEIF), elaborado por un Grupo de Expertos, con recomendaciones para la provisión de servicios de e-factura abiertos, competitivos e interoperables y las acciones necesarias para eliminar las barreras que frenan su uso.

La Conferencia se organizó en sesiones orientadas a superar las dificultades en cuatro grandes áreas temáticas: pyme, interoperabilidad, estándares y marco jurídico. Y en cada una de ellas, muchos expertos, entre ellos DocOnTime, albergan serias dudas acerca de unas conclusiones finales más orientadas a establecer férreas reglas en el campo de juego, que a ampliar sus horizontes.

Está claro que el modelo actual de facturación electrónica no está pensado para las pymes y que lo que más les afecta es la falta de un marco legal estable y un verdadero apoyo que permita, a través de la innovación, encontrar las formulas necesarias para su expansión. Traducido a nuestro país, la factura electrónica, como ya apuntábamos más arriba, desde aspirar a convertirse en un protagonista del Plan Avanza, y no sólo en un actor secundario.

En lo referente a interoperabilidad, el informe elaborado por el Grupo de Expertos aboga por la creación de un código de buenas prácticas, como si el problema de la interoperabilidad se derivase exclusivamente de postulados técnicos y no de cuestiones de ‘negocio’ que afectan directamente a las cuentas de resultados de los operadores de redes. Ante ésto, nuestra posición se centra en la innovación como elemento imprescindible para impulsar el actual modelo de facturación electrónica hacia un nuevo paradigma que incluya, por derecho, a las pequeñas y medianas empresas.

Cuando se habla de estándares, lo que se pretende es crear un nuevo esperanto. Un único idioma a nivel europeo que aglutine las necesidades de todos los actores implicados. Muy al contrario, consideramos que lo imprescindible es dejar libertad al mercado y poner a disposición de las empresas los traductores que hagan compatibles unos formatos con otros.

Por último, el marco legal se circunscribe a la batalla “firma electrónica si, firma electrónica no”. ¿Puede ser la firma electrónica la única garantía? Por supuesto que sí. Pero puede haber otras maneras de garantizar la autenticidad e integridad del documento y es imprescindible que se creen y que se pueda ofrecer un abanico de “formatos” que aporten seguridad a la factura electrónica. De nuevo la innovación juega un papel crítico para crear estas nuevas posibilidades.

El miedo a invertir está frenando la puesta en marcha de soluciones de facturación electrónica en las empresas. Sin embargo, creemos que el estado del arte actual nos dice que esta evolución es tecnológicamente posible, siempre y cuando se invierta en innovación y disfrutemos de un marco legal estable que elimine cualquier atisbo de indefensión y permita encarar con garantía los costes necesarios para su implantación.