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El Congreso ha aprobado finalmente la polémica ‘Ley Sinde’ (disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible), con los votos a favor del PSOE, PP y CiU. Entre los puntos destacados de esta ley figuran el bloqueo o cierre en un máximo de diez días de webs desde las que se puedan descargar obras protegidas por derechos de autor, en un proceso que siempre ha de estar tutelado por un juez. También recoge la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual con función mediadora.

Toda petición de cierre de una página ha de iniciarse con una denuncia particular y para llevarse a cabo tendrá que contar con una autorización judicial, que tendrá 24 horas para aceptar o rechazar la denuncia. Si es aceptada, los proveedores de servicios de Internet (ISP) están obligadas a facilitar los datos para identificar a los responsable del sitio denunciado.

A continuación, la Comisión pedirá la retirada del contenido antes de 48 horas. Tras estos pasos, y en el caso de que no se alcance un acuerdo entre las partes, el cierre de la web requiere de nuevo autorización judicial.

La norma podría entrar en vigor en torno al próximo verano, ya que primero ha de ser publicada en el BOE y, posteriormente, se procederá al desarrollo de su reglamento y a la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual.

No se han hecho esperar las primeras acciones de protesta en contra de esta aprobación. En Twitter se ha iniciado la campaña #nolesvotes, en contra de los partidos que han apoyado esta ley, mientras que el Partido Pirata y el Partido de la Libertad Individual han convocado una concentración “por la libertad en internet y contra cualquier ataque a la neutralidad de la red” el sábado ante el ministerio de Cultura.