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El valor de los contenidos digitales que se consumen en España de forma ilegal alcanzó un coste de 5.229,4 millones de euros durante el primer trimestre de 2011, después de que la descarga de estos contenidos pirata aumentara en 0,3 puntos frente a la tasa de hace un año hasta llegar a suponer el 77,3% del total de contenidos digitales que se consumen en el país.

Al mismo tiempo, la industria de contenidos digitales en España generó un volumen de negocio legal de 1.538,1 millones de euros en el mencionado periodo, con un descenso del 0,5% respecto al primer semestre de 2010. Esta cifra es casi 4 veces menor que la que presenta el valor del consumo ilegal.

Según un estudio presentado por la consultora IDC, tras realizar preguntas 3.000 usuarios españoles de entre 16 y 55 años, el sector de la música es el más perjudicado por la piratería: nada menos que el 98,2% de las canciones que se descargan son ilegales (lo que supone un valor de 2.746,4 millones de euros), por lo que menos del 2% de canciones se compran en tiendas autorizadas para tal fin. Tras la música, viene el cine tras comprobarse que sólo el 26% de las películas que se consumen digitamente se descargan de manera legal.

El sector de los videojuegos y de los libros también se han visto altamente afectados por estas prácticas fraudulentas, ya que el 61,7% de los primeros se consumen fuera de la ley y en los segundos el porcentaje es de un 49,3%.Por su parte, Rafael Achareandio, encargado de este estudio que se denomina Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, la descarga de libros ilegales es “la industria en la que mayor crecimiento de piratería se produce”.

Jose Manuel Tourné, director general de la Fundación para la Protección de la Propiedad Intelectual ha alertado de que España es uno de “los países con los índices de piratería más altos, entre los países occidentales” y cree que, de este modo, la industria cultural no puede crecer como debería al tener que “competir contra ‘clones’ de sí mismos”.

Para Tourné, la implementación de la polémica Ley Sinde que, como el propio directivo recuerda, en su momento contó con el respaldo del PSOE, PP y CiU, podría ayudar a frenar las descargas ilegales y ha afirmado que los próximos estudios semestrales de IDC mostrarán si esta será capaz de cumplir su objetivo o no.