1. Snowden destapa el escándalo
3. Cómo funciona el proceso de recopilación de la información privada
4. Las empresas implicadas confiesan
5. ¿Y qué supone esto para Europa?
¿Y que supone esto para Europa?
Teniendo en cuenta que una de las principales excusas que repiten los responsables del caso PRISM, como James Clapper , encargado de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, para convencer a los votantes, es que no se recopilan datos de ciudadanos estadounidenses, sólo de extranjeros o de personas estadounidenses que sí están en contacto con quienes no lo son (esto, de todos modos, ya abre mucho el campo), ¿qué pasa con nosotros en Europa? Sólo hay que ver el mapa publicado por The Guardian para observar que los países europeos también han estado bajo la vigilancia de PRISM.
Viviane Reding, comisaria de justicia y derechos fundamentales, se ha dirigido a Clapper para pedir explicaciones al respecto con el objetivo de conocer hasta qué punto las autoridades de Estados Unidos están espiando los datos europeos para saber si el caso PRISM va contra las leyes de Bruselas o de algún estado miembro de la UE.
Reding ha escrito una nueva carta junto con Cecilia Malmström comisaria de asuntos de interior al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, pidiendo más respuestas sobre PRISM y solicitando una reunión en julio entre las autoridades europeas y las estadounidenses para discutir los temas de la privacidad.
En Europa mucho se ha hablado del tema de la privacidad y de las empresas de Internet, con vulnerabilidades de esta por parte de empresas como Google (recordemos el caso de Google Street View, mediante el que la compañía recopiló información de manera ilegal, lo que le llevó a juicios en diversos países).
Al igual que en Estados Unidos, la política europea sobre privacidad, a veces también parece contradictoria en la Unión Europea. Así, por ejemplo, unas semanas después de desvelarse todo el escándalo de PRISM, el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE se ha pronunciado sobre el alcance del derecho al olvido en Internet en un caso que enfrenta a la Agencia de Protección de Datos de España con Google sobre un juicio comenzado ya en 2010. Dice la justicia que la de Mountain View no está obligada a borrar el contenido de las búsquedas de los usuarios aunque estos lo pidan.
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