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Ley de consumidores y usuarios: las claves de la nueva normativa

La Ley Consumidores y Usuarios, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 11 de octubre,  adaptará la normativa española sobre comercio electrónico a la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores.

Esta reforma, que será debatida en el Parlamento y tendrá que ser aprobada antes del 13 de diciembre de 2013 y que entrar en vigor a partir del 13 de junio de 2014, supondrá cambios en cuanto a la legislación existente a la hora de vender y comprar.

Así, por ejemplo, explica Trusted Shops que  “la nueva normativa supondrá un aumento del nivel de protección de los consumidores y la armonización del derecho a la venta a distancia de los Estados Miembros”. Por ejemplo, la nueva ley para consumidores en el marco europeo fija en 14 días naturales el plazo para desistir de un contrato y se dota al comprador de nuevos derechos en cuanto al riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido, así como se prohíbe cargar tasas ocultas en una compra.

Los responsables europeos quieren, con esta nueva ley para consumidores y usuarios que los compradores de los países de la región tengan confianza en las compras online, “con independencia de si realizan una compra online nacional o transfronteriza”, como explica Trusted Shops en un comunicado.

Añade Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, que “las asociaciones de consumidores han insistido en la necesidad de introducir sanciones que disuadan de posibles incumplimientos”. Según Izverniceanu, “hay mucha legislación de consumo en España, pero falla el control. Si no hay multas disuasorias, estas leyes no sirven para nada” y es que en países como Alemania o Polonia, se aplican eficaces mecanismos sancionadores por incumplimientos de la normativa de consumo, algo que en España no sucede.

Además, como ya publicaba hace unos días ChannelBiz, las nuevas medidas para evitar las “cargas encubiertas” recogen que el empresario tendrá que “velar porque el consumidor, al realizar un pedido a través de Internet, confirme que es consciente de que éste implica una obligación de pago. De este modo, el usuario siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción”.

Bárbara Bécares

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