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No sólo es la NSA o Agencia Nacional de Estados Unidos, la que pide a las grandes empresas de Internet información sobre los usuarios, también el gobierno español hace lo propio y, según un informe de transparencia de la red social, la autoridades de España realizó a Facebook 404 peticiones sobre las cuentas de 811 usuarios entre junio y diciembre del pasado año.

Y, según explica Facebook, el 39,60% de las reclamaciones fueron atendidas.

En el informe, Facebook muestra la información sobre las peticiones solicitadas en todos los países del mundo y el porcentaje de peticiones que los responsables de la red social respondieron. Este se trata del segundo informe ‘de transparencia’ que Facebook hace público y explica que la razón de publicar esta información es “hacer que la gente entienda la naturaleza de estas peticiones y los procesos y políticas estrictos que tenemos entre manos para manejarlas”.

Entonces, ¿cómo justifica Facebook que se ofrezca información privadas de sus usuarios a gobiernos? De acuerdo con el informe de la red social, “los funcionarios del gobierno a veces solicitan datos sobre las personas que utilizan Facebook como parte de las investigaciones oficiales. La gran mayoría de estas peticiones se refieren a los casos penales, como robos o secuestros. En muchos de estos casos, estas solicitudes de los gobiernos buscan información básica sobre los abonados, como el nombre y tiempo de servicio. Otras peticiones han solicitado registros de direcciones IP o el contenido real de la cuenta”.

Añade el reporte realizado por los portavoces de Facebook que “tenemos estrictos procesos en marcha para manejar estas solicitudes del gobierno: se comprueba la suficiencia legal de cada una de las peticiones que llegan y se les requiere a los funcionarios que proporcionen una descripción detallada de los fundamentos jurídicos y fácticos de su solicitud”. Además, dicen desde la red social que si “encontramos deficiencias legales o exigencias excesivamente amplias o vagas de información”,  se rechaza la petición gubernamental. En el caso de España, se rechazaron casi el 60% de las peticiones de los funcionarios del gobierno.